LEY Nº 9246

CREACIÓN DE DOS JUZGADOS DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD

Estado de la Norma: Vigente

Observación: Reglamentada por Decreto 1724/2000 GOB

Publicada en el Boletín Oficial del 29 de marzo de 2000

La Legislatura de la provincia de Entra Ríos sanciona con fuerza de LEY:

Artículo 1.- Créanse en el territorio de la provincia de Entre Ríos dos (2) Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, con sede en las ciudades de Paraná y Gualeguaychú, cuyos despachos se ubicarán en las dependencias de las unidades penitenciarias, dependientes de la Dirección General del Servicio Penitenciario de la provincia, de las ciudades de Paraná y Gualeguaychú.

Artículo 2.- Competencia territorial.

a) El juez de ejecución de penas y medidas de seguridad con asiento en la ciudad de Paraná, tendrá competencia territorial en los departamentos de Paraná, Diamante, La Paz, Deliciano, Victoria, Gualeguay, Villaguay y Nogoyá.

b) El juez de ejecución de penas y medidas de seguridad con asiento en la ciudad de Gualeguaychú, tendrá competencia territorial en los departamentos de Gualeguaychú, Concordia, Federal, Federación, Colón, Tala, Concepción del Uruguay, Islas del Ibicuy y San Salvador.

Artículo 3.- Competencia material.

Es competencia del juez de ejecución de penas y medidas de seguridad, dentro de su jurisdicción y respecto de los penados por jueces de los tribunales de la provincia de Entre Ríos:

a) Aplicar, conforme al régimen progresivo de la ley penitenciaria nacional y demás normas de la materia, las penas privativas de la libertad firmes dispuestas por autoridad judicial, verificando el cumplimiento de las diferentes modalidades de las penas en las distintas etapas del régimen progresivo seleccionado.

b) Velar por el cumplimiento de los derechos y garantías constitucionales de los penados.

c) Resolver acerca de la suspensión, aplazamiento o cesación de medidas de seguridad resueltas por la autoridad administrativa y acerca de todo conflicto suscitado dentro del servicio penitenciario con los internos.

d) Resolver en grado de apelación sobre las sanciones graves aplicadas en sede penitenciaria.

e) Disponer y autorizar el traslado de detenidos a los distintos establecimientos carcelarios según las necesidades de seguridad y del régimen progresivo de la pena, como asimismo lo atinente a los beneficios del condenado.

f) Bregar permanentemente por la reinserción familiar y social de los penados, adoptando las medidas que fueren conducentes a tal fin. Autorizar conforme la ley de prosecución de la pena y de acuerdo a las distintas etapas, las salidas transitorias, ya sea por cuestiones familiares, laborales o de tratamiento médico-sanitario.

g) Entender en todo lo relacionado con la libertad del condenado con posterioridad a la sentencia, rebaja y conmutación de penas, estudio y relaciones laborales, extinción de la condena y todo lo relativo al Patronato de Liberados.

h) Fiscalizar las condiciones de alojamiento del lugar en que se deba cumplir la pena o medida de seguridad.

i) Aplicar el principio de la ley más benigna, cuando por una ley posterior hubiere lugar a reducción y/o extinción de la pena.

j) Garantizar la adecuada atención médico-sanitaria para aquellos internos que padezcan de H.I.V., como también cualquier otra enfermedad infectocontagiosa.

Artículo 4.- Deberes y atribuciones.

1. Efectuar inspecciones mensuales, en los establecimientos donde se cumplan las penas o medidas de seguridad dentro de su jurisdicción, o en menor término cuando las necesidades así lo requieran.

2. Organizar una oficina en cada unidad penal de su jurisdicción, a cargo de un funcionario del servicio penitenciario provincial designado a tal efecto con acuerdo de la autoridad administrativa, para que lo represente cuando fuere necesario y comunique de inmediato todas las novedades que se produzcan en los establecimientos respectivos.

3. Informar al Superior Tribunal de Justicia de la Provincia sobre la conducta y el estado del tratamiento en los pedidos de libertad condicional, conmutaciones de penas e indultos.

4. Garantizar el tratamiento personal de los procesados y penados, como también el adecuado control de alojamiento, sanitario, provisión de medicamentos y alimentos de los internos.

5. Informar anualmente a la sala penal del Superior Tribunal de Justicia de la provincia y al juzgado o tribunal que impuso la pena o medida de seguridad, sobre la marcha del tratamiento, formulando una evaluación de cada uno de los penados de su jurisdicción. A los fines del cumplimiento del informe referido, el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad será asistido por el equipo interdisciplinario, pudiendo asimismo requerir a la autoridad penitenciaria de cada uno de los establecimientos carcelarios de su jurisdicción un informe personal de cada uno de los penados que cumplen sentencia en dichos establecimientos.

Artículo 5.- Requisitos y designación.

Serán requisitos para ser designado juez de ejecución de penas y medidas de seguridad los exigidos para ser juez de primera instancia conforme el Artículo 151 de la Constitución provincial y su designación a propuesta del Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado según el Artículo 154 de la Constitución provincial.

Artículo 6.- Estructura orgánica de los Juzgados de Ejecución de Penas.

La jurisdicción del Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad será ejercida por un juez, quien será asistido por un secretario, designado en la misma forma y atendiendo los mismos requisitos que los exigidos para la designación del secretario de los Juzgados de Instrucción.

Contará con un equipo profesional interdisciplinario, compuesto por: un (1) médico clínico, un (1) médico psiquiatra, un (1) psicólogo, un (1) asistente social y un (1) terapeuta ocupacional, designado por concurso y de acuerdo a la normativa que a tales fines se disponga.

Artículo 7.- Reemplazo.

En caso de ausencia del juez de ejecución de penas y medidas de seguridad de su jurisdicción, impedimento, inhibición o recusación, conforme lo establecido en el Artículo 51 y ss. del Código Procesal Penal, será reemplazado por los jueces con jurisdicción en el asiento del establecimiento donde se encuentre alojado el penado, en el siguiente orden:

a) Por los jueces de instrucción en orden de nominación, o su subrogante legal.

b) Jueces correccionales en orden de nominación, a su subrogante legal.

c) Abogados de la lista (a tal efecto se confeccionará una lista en las seccionales del Colegio de Abogados de Entre Ríos), que actúen como jueces “ad hoc”.

Artículo 8.- Recursos.

Las decisiones del juez de ejecución de penas y medidas de seguridad serán susceptibles de recurso de conformidad con lo previsto en los arts. 44, 45 y concs. de la ley 8369, en tanto se configure el supuesto previsto en el Artículo 32 inc. b) de la ley citada en el presente artículo.

Artículo 9.- Audiencia de conocimiento.

El juez de ejecución de penas y medidas de seguridad deberá tomar personal conocimiento de quien comience a cumplir una sentencia privativa de la libertad o una medida de seguridad dispuesta por jueces competentes. A tal fin, fijará una audiencia dentro de los treinta días de comenzada la ejecución de la pena. Llegado el día y la hora fijada por el juez, éste abrirá la sesión para escuchar al condenado en compañía de su defensor, respecto de sus condiciones personales, familiares, económicas, sociales, culturales, para lo cual formulará un cuestionario que debe ser contestado oralmente por el mismo. Acto seguido el juez conjuntamente con el equipo interdisciplinario y la Dirección General del Servicio Penitenciario de Entre Ríos discutirá los aspectos relacionados con el tratamiento penitenciario o de internación que se requiere aplicar al condenado y el sitio donde sea conveniente su cumplimiento.

Artículo 10.- Medidas de seguridad.

El juez de ejecución de penas y medidas de seguridad ordenará al director general del Servicio Penitenciario, el traslado de la persona sometida a una medida de seguridad a un establecimiento público o privado adecuado para el cumplimiento de la misma.

Artículo 11.- Modifícanse los arts. 1, 4 y 5, incs. c), d), e) y f) de la ley 5797, los que quedarán redactados de la siguiente forma:

Artículo 1.- El Servicio Penitenciario de Entre Ríos es la rama activa de seguridad, destinada a la custodia y guarda de los procesados y condenados, y es quien tiene a su cargo la dirección del tratamiento de estos últimos, de acuerdo a las disposiciones legales y reglamentarias vigentes.

Artículo 4.- La Dirección General del Servicio Penitenciario depende del Poder Ejecutivo provincial, y directamente del Ministerio de Gobierno, Justicia y Educación, a través de la Subsecretaría de Justicia, y cumplirá con las disposiciones judiciales que emanan del juez de ejecución de penas y medidas de seguridad.

Artículo 5.- Son funciones de la Dirección General del Servicio Penitenciario:

c) Promover la readaptación social de los internos condenados a sanciones privativas de la libertad, de acuerdo a las medidas adoptadas por el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad, y a las disposiciones legales vigentes a través de los institutos pertinentes.

d) Producir dictámenes criminológicos para las autoridades judiciales y/o administrativas sobre la personalidad y conducta de los internos, en los casos que legal o reglamentariamente corresponda, y toda vez que lo requiera el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad.

e) Participar y colaborar en la asistencia postpenitenciaria.

f) Asesorar e informar al Poder Ejecutivo y al juez de ejecución de penas en todo asunto que se relacione con la política penitenciaria.

Artículo 12.- Autorízase al Poder Ejecutivo a realizar las modificaciones presupuestarias necesarias para la inmediata implementación y puesta en funcionamiento de los Juzgados de Ejecución de Penas en la provincia.

Artículo 13.- El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro de los treinta (30) días de su promulgación sin perjuicio de su inmediata operatividad.

Artículo 14.- Comuníquese, etc.

_____________________________________________________________________________________________________________

Advertencia: Usted comprende y acepta que el texto que está visualizando puede estar sujeto a modificaciones, y es únicamente destinado para su consulta. En ningún caso LexER es responsable de las consecuencias, exactitud, o del mal uso que se haga de dicha información.

Si necesita más información sobre el estado de vigencia de esta norma, o bien quiere que le enviemos el texto ordenado, escríbanos a Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla , o haga su pedido clickeando aquí